Una reflexión crítica sobre la ciudad digital

 

Juan Jesús Morales Martín

Este artículo es parte de una ponencia titulada “La tercera brecha digital: estratificación social, inmigración y nuevas tecnologías”, que fue presentada en el VI Congreso Portugués de Sociología, celebrado en Lisboa del 25 al 28 de junio de 2008.

Nota: es co-autora de este artículo María del Carmen Rodríguez Rodríguez

La ciudad digital: la ciudad del siglo XXI

La implantación de la Sociedad de la información y el impulso de las ciudades digitales (la ciudad del siglo XXI) por parte de la Comisión Europea responde a la necesidad de mejorar el funcionamiento de la Administración y de los Servicios públicos, difundiendo para ello la integración de cambios organizativos y nuevas habilidades con el claro fin de mejorar los servicios públicos, los procesos democráticos y reforzar las políticas públicas. Las disyuntivas surgen a la hora de definir qué entendemos los científicos sociales como ciudadanos por ciudad digital: ¿únicamente Gobierno electrónico?, ¿servicios públicos y privados conjuntamente?, ¿quién desarrollará este ambicioso proyecto?, ¿los organismos públicos?, ¿las empresas privadas?, ¿dónde quedará la participación ciudadana?, ¿será una participación sólo burocrática o será una participación activa y política?, ¿qué actores participarán en el diseño de esta ciudad?, ¿será una ciudad exclusiva? Numerosas preguntas se abren en torno a la definición y planeación de esta ciudad del futuro [1] . Es por ello que las líneas que siguen tratan de reflexionar sobre el origen de este incierto proyecto, manteniendo una actitud distante que impone la necesidad de pensar en un diseño urbano y un modelo de ciudad que no descanse únicamente en el desarrollo de las nuevas tecnologías, sino que el origen de este proyecto se fundamente sobre la participación ciudadana (la esfera social y política) y la inclusión de todo colectivo y grupo poblacional.

Las definiciones que se manejan en España de ciudad digital giran, principalmente, alrededor del retraso que sufre este país en materia de nuevas tecnologías de la información y la urgencia por el desarrollo de la Sociedad de la Información. La concepción hegemónica descansa sobre una valoración positiva de las nuevas tecnologías como elemento y factor de desarrollo administrativo y económico de estas ciudades. Según el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “el programa Ciudades Digitales está concebido para ayudar a las entidades locales a implantar y difundir la sociedad de la información mediante la aplicación de servicios avanzados de telecomunicaciones y de nuevas tecnologías tanto en el marco social como en el económico. Los destinatarios finales de estas ayudas son los propios ciudadanos que ven su entorno modificado ya sea en el ámbito doméstico, en el laboral o en las relaciones con las administraciones públicas. Las empresas e instituciones también resultan beneficiadas ya que estos programas favorecen un cambio en la estructura y en la gestión que permite una mejor adecuación al contexto actual, de forma más competitiva e innovadora” [2].

La apuesta decidida por integrar las nuevas tecnologías en el sistema público responde a que éstas se consideran como un importante instrumento para mejorar su funcionamiento, incrementar su eficacia y ofrecer a los ciudadanos y empresas mejores servicios públicos, más rápidos, transparentes y de mejor calidad. Esta visión oficial se completa además con la aprobación en España de la reciente Ley para el Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos (LAECSP), la cuál obliga a garantizar que los usuarios puedan hacer pleno uso de los trámites telemáticos a partir de 2009. Esta ley se ofrece como una oportunidad para los ayuntamientos españoles de más de 50.000 habitantes para desembarcar en el mundo de la red y las NTICs, ya que éstos se enfrentan al reto de mejorar la eficiencia y reducir los costes de los servicios que prestan a sus ciudadanos.

En este entorno, muchas Administraciones Públicas ven en el Gobierno Electrónico una oportunidad para abordar esos problemas, con la visión de conseguir prestar servicios públicos de calidad, con un coste adecuado y en la forma y plazo en las que los ciudadanos quieren recibirlos. El Gobierno Electrónico plantea el reto del transformar la presencia on-line de las entidades de modo que se pase de difundir contenido e información estáticas a prestar servicios transaccionales integrados e información personalizada según audiencias o colectivos, que permitan a los ciudadanos realizar tareas como completar formularios públicos, pagar tasas, solicitar una licencia o un permiso, plantear una consulta o reclamar una multa de tráfico.

La evolución hacia la Administración Electrónica exige a su vez adquirir una gran capacidad de integración y de adaptación al cambio, por lo que las arquitecturas empleadas deberán estar diseñadas para facilitar la creación o modificación de servicios o canales electrónicos de una forma ágil y minimizando los costes de desarrollo. Sin duda, el espacio de las administraciones locales se presenta como uno de los más apropiados para impulsar el desarrollo de proyectos innovadores en el uso de las NTICs, ya que las posibilidades de implantación son mayores. Junto a ello, la realidad local permite además experimentar a pequeña escala la implantación de conceptos integradores y de nuevas fórmulas de cooperación entre las administraciones públicas y el resto de los agentes locales, logrando de esta forma una mayor eficiencia en su desarrollo y ejecución. Porque una de las exigencias de la Sociedad de la Información con la nueva realidad social española es evitar la discriminación digital con la inmigración extranjera.

El reto no compete únicamente al desarrollo progresivo de la e-administración y del comercio electrónico, sino, principalmente, al pleno acceso de estos servicios, tanto públicos, privados y comunitarios, por parte de todos los segmentos de la población. Por ello, estimamos como oportuno que una definición de ciudad digital más coherente con la realidad y con la cotidianeidad de la estructura social debería privilegiar al individuo y a la comunidad (o comunidades) y no tanto a los poderes públicos o privados. Se tendría que tener en cuenta, sin duda, los aspectos sociales y sociológicos que implica el desarrollo digital con las nuevas manifestaciones sociales que emergen de esta sociedad tardomoderna. De esta manera, una ciudad digital puede ser definida como aquella en la que, utilizando los recursos que brindan la infraestructura de telecomunicaciones y de informática existentes, fundamentalmente Internet, ofrece a sus habitantes un conjunto de servicios digitales a fin de mejorar el nivel de desarrollo humano, económico y cultural de esa comunidad, tanto a nivel individual como colectivo. Siendo además una ciudad que implique a sus habitantes en su diseño, que participen verdaderamente en sus decisiones (políticas, sociales), y que las arquitecturas tecnológicas de la ciudad digital descansen sobre un software libre y abierto; privilegiando, por tanto, una visión conciliadora e intermedia entre lo individual y lo colectivo, entre lo público y lo privado [3].

Desconfiar. A modo de conclusión

A la hora de mitigar los fallos del sistema tiende a cobrar gran importancia la actividad que llevan a cabo las instituciones públicas y las organizaciones no gubernamentales. Ellas pueden (o no) desempeñar un importante papel en la reducción de la exclusión digital (uno de los grandes retos del siglo XXI). Las medidas tomadas en este sentido hasta la fecha son claramente insuficientes, y su orientación y motivación, en ocasiones, es dudosa. Las soluciones que se aportan son a veces totalmente idealistas, otras pecan de materialistas. Necesariamente han de incorporar la idea de que la exclusión social producida por la “brecha digital” es un fenómeno multidimensional y complejo. Cualquier intento de solventar el problema sin un planteamiento teórico serio, corre el riesgo no sólo de fracasar y hacer perder tiempo, dinero y recursos, si no lo que es aún más peligroso, de ayudar a ocultar la gravedad y alcance del problema. Debe haber un marco sólido que respalde las políticas públicas y las iniciativas privadas que pretendan avanzar en la eliminación de las disparidades creadas a partir de las NTICs. Éste ha de estar respaldado por la realidad social y política, realizando una valoración seria de su significación e importancia. En este sentido, la cercanía de las instituciones locales, los recursos de los que éstas disponen, la accesibilidad que tienen, los proyectos a pequeña escala que promueven… puede constituir, para empezar, un alentador inicio de esta tarea.

Pero no debemos olvidar, ni mucho menos, que la ciudad digital parte en su origen con el deseo de constituirse como una administración electrónica perfectamente integrada y adaptada a los cambios (¿solo económicos?) que exige la Sociedad de la información y del Conocimiento, ofreciendo servicios públicos y canales de comunicación electrónica de una forma ágil. Por este motivo, tenemos legítimo derecho a desconfiar y sospechar de estas propuestas, porque desde su inocente planteamiento puede encontrarse una sofisticada y nueva forma de desigualdad y de dominación social. El atractivo de las nuevas tecnologías, de la utopía que encierra este metarrelato verdaderamente posmoderno es que las formas de dominación adquieren una forma más sutil y atractiva, el tecnocapitalismo se disfraza mejor: pretende solucionar los problemas y demandas sociales de más autonomía y mejor calidad de vida, pero también puede esconder más dominio y control social sobre ésta.

La gran pregunta surge, por tanto, si sólo se tratará de entender a la ciudad digital como un mero gobierno electrónico, desarrollando su parcela administrativa y completándola con una esfera privada de negocios. Por ello, se aprecia como necesario un diseño de ciudades digitales que concilien no sólo los intereses públicos con los privados, sino que además a éstos se puedan sumar los intereses particulares y concretos de sus ciudadanos o colectivos. Porque el desarrollo de la ciudad digital en base a estos dos únicos presupuestos, público/administrativo frente a privado/comercial, no profundizará en los retos reales de la vida cotidiana, que son las diferencias culturales que alberga la propia sociedad. La ciudad digital no debe ser un espacio de exclusión social, sino de integración de los cambios que se están produciendo en esta sociedad tardomoderna, y que no sólo son cambios representados por el desarrollo y la evolución de las tecnologías, sino también por cambios sociales, políticos y culturales más profundos, propios de la globalización, que nos exigen reflexionar sobre los límites humanos de esta ciudad del futuro: ¿podrá ser un refugio individualista dentro de una (auto)creación colectiva, participativa y solidaria?

Notas

1. El debate español entorno a la ciudad digital en este momento gira entorno a esta cuestión principal sobre la que incidimos con esta comunicación: la indefinición del concepto de ciudad digital. Observamos como en España la Asociación Española de Normalización (AENOR) y la Asociación Nacional de Empresas de Internet (ANEI) han creado el Comité Técnico de Normalización AEN/CTN 178 Ciudades Digitales, para aclarar la definición de 'Ciudad Digital'. Como bien señaló Miguel Ángel Erraste, presidente de la ANEI, el gran problema para muchos ayuntamientos es definir qué es la ciudad digital y qué modelo seguir a la hora de desarrollar la “ciberadministración” (Pablo Romero, “Qué es una ciudad digital”, en Red, http://www.elmundo.es/navegante/2003/10/23/esociedad/1066922494.html).

2. En Red, http://www.mityc.es/Ciudades/Ciudades/MinisterioAyuda/CiudadesDigitales/

3. Esta posición intermedia puede relacionarse alrededor de posturas comunitaristas, pero, como siempre sucede en las cavilaciones teóricas, con matices y reticencias. Para ampliar conocimientos sobre el “comunitarismo tecnológico” también se puede visitar la página web del colectivo Cibergolem, constituido por Andoni Alonso e Iñaki Arzoz, que a través de sus propuestas teóricas sobre la hiperpolítica (Sloterdijk) manifiestan la voluntad de encontrar “la política de los ciudadanos en ámbitos no necesariamente políticos en la era de la globalización y posibilitada por el uso de las nuevas tecnologías”; La quinta columna digital, http://www.quintacolumna.org/. Este pie de página nos sirve además para recordar que en el diseño de las ciudades digitales no sólo hay intereses administrativos y económicos, sino también políticos, que nos atañen bajo nuestro ropaje de ciudadanos.

Juan Jesús Morales Martín
María del Carmen Rodríguez Rodríguez
Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Sociología V (Teoría sociológica)
Facultad de CC. Políticas y Sociología
juanjemorales@hotmail.com
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